El desafío era claro: fortalecer las herramientas de las personas para defender su entorno.

El Acuerdo de Escazú ofrecía un marco para avanzar en esa dirección, pero Chile aún no formaba parte. Así nació Escazú Ahora: una campaña ciudadana para conseguir la adhesión de nuestro país al Tratado.

A través de una campaña nacional, una petición ciudadana y un intenso trabajo de articulación, logramos reunir a más de 30.000 personas y 450 organizaciones en torno a la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú.

La campaña contribuyó a instalar el tratado en la agenda pública y política del país y a generar un amplio respaldo ciudadano a su suscripción.

Durante la campaña presidencial de 2021, conseguimos que cinco de las siete candidaturas a la Presidencia de la República asumieran públicamente, con Escazú Ahora, el compromiso de promover la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú durante su eventual gobierno.

El compromiso permitió llevar la discusión sobre el tratado directamente al debate presidencial y convertir su adhesión en una definición política concreta.

Extendimos nuestra campaña al Congreso Nacional y conseguimos que candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado asumieran compromisos para promover la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú y su posterior implementación.

Junto a organizaciones juveniles y medios de comunicación organizamos un debate presidencial centrado en medio ambiente, STEM y Derechos Dumanos.

La instancia reunió a cinco de las siete candidaturas presidenciales y fue transmitida por más de 400 medios de comunicación, ampliando la discusión sobre las propuestas ambientales de quienes aspiraban a gobernar Chile.

Articulamos a más de una decena de juventudes políticas de distintos sectores en torno a una declaración transversal que llamó a las nuevas autoridades a reconocer la urgencia de la crisis climática y avanzar en la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú.

Fue una expresión concreta de que la democracia ambiental podía reunir a personas y sectores con distintas posiciones políticas en torno a un objetivo común.

Tras las elecciones presidenciales, articulamos a más de 200 organizaciones para reiterar al nuevo Gobierno la urgencia de cumplir el compromiso asumido durante la campaña y avanzar con la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú.

En marzo de 2022, el Presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo de Escazú, cumpliendo el compromiso asumido durante la campaña presidencial.

Después de dos años de movilización ciudadana e incidencia política, Chile daba un paso decisivo para incorporarse al tratado.

Luego de su ingreso al Congreso Nacional, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú.

Desde Escazú Ahora contribuimos al proceso mediante incidencia, generación de información y articulación con organizaciones de la sociedad civil y actores políticos.

El Senado aprobó por amplia mayoría la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, completando la tramitación legislativa necesaria para su ratificación.

El 25 de octubre de 2022 se publicó en el Diario Oficial el decreto que promulgó el Acuerdo de Escazú.

Chile se convirtió oficialmente en Estado Parte y comenzó una nueva etapa: hacer que los compromisos del tratado se traduzcan en cambios concretos.

El trabajo desarrollado desde Escazú Ahora recibió reconocimiento internacional. Sebastián Benfeld, fundador de la organización, fue reconocido ante las Naciones Unidas por su contribución a la protección del medio ambiente y de las personas defensoras ambientales. Un impulso para dar un paso más allá. 

Con la ratificación del tratado, entendimos que nuestro trabajo no terminaba con la adhesión de Chile. El desafío ahora era conseguir que Escazú se implementara plena, efectiva y ambiciosamente.

Por eso nos constituimos como organización sin fines de lucro, con una misión clara: fiscalizar y promover la implementación plena, efectiva y ambiciosa del Acuerdo de Escazú en Chile.

Al analizar las principales brechas de implementación del Acuerdo, identificamos una deuda especialmente urgente: Chile contaba con avances en transparencia, participación y justicia ambiental, pero no existían garantías suficientes para proteger a quienes ejercían esos derechos y defendían sus territorios.

Así decidimos concentrar nuestro trabajo en las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Porque nadie puede participar plenamente en una decisión ambiental si no cuenta con garantías mínimas para hacerlo de manera segura.

Para abordar esta brecha, primero necesitábamos conocer su magnitud.

Iniciamos una investigación interdisciplinaria para documentar de manera sistemática las agresiones y vulneraciones que enfrentan las personas defensoras ambientales en Chile, con la colaboración de más de 70 organizaciones de la sociedad civil.

Desarrollamos una metodología para evaluar sistemáticamente cuánto ha avanzado Chile en el cumplimiento de sus compromisos de gestión asociados al Acuerdo de Escazú.

A través de nuestros informes de accountability, que se han vuelto anuales, monitoreamos los avances y brechas de implementación y ponemos esta información a disposición de autoridades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía.

En 2023 publicamos la primera investigación sistemática sobre la situación de las personas defensoras ambientales en Chile, documentando más de 30 agresiones contra 20 personas defensoras.

El informe fue presentado ante las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, poniendo por primera vez esta realidad en conocimiento de tomadores de decisión a partir de evidencia sistematizada.

Desde entonces, hemos continuado esta línea de investigación mediante informes anuales que permiten monitorear la evolución de las agresiones, identificar patrones y aportar evidencia para la toma de decisiones.

La evidencia mostró que documentar las agresiones no era suficiente.

A partir de nuestros primeros informes, impulsamos una agenda de incidencia para promover el reconocimiento y la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, incluyendo protocolos, políticas públicas y legislación.

En articulación con parlamentarias y parlamentarios, contribuimos a impulsar la presentación de un proyecto de ley destinado a reconocer y establecer mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Con ello, la protección de quienes defienden sus territorios comenzó a avanzar desde una demanda ciudadana hacia una propuesta legislativa concreta.

Articulamos a más de 650 organizaciones para solicitar al Estado avanzar en una legislación que reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

La articulación permitió instalar la protección de defensores como una prioridad dentro de la agenda pública y legislativa nacional.

Tras su discusión en las distintas instancias legislativas, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca reconocer y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, dando paso a su segundo trámite constitucional en el Senado.

La aprobación constituye un hito en el reconocimiento institucional de quienes ejercen estos derechos y es resultado de un proceso de incidencia y articulación que hemos acompañado desde sus primeras etapas.