El día de hoy el Senado deberá decidir si respetar o no la decisión tomada por mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas y discernir si aprobar o rechazar la destitución del Presidente Sebastián Piñera por corrupción ambiental.
Luego de que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobara por amplia mayoría la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera el pasado martes 9 de noviembre, hoy al Senado le corresponde enunciar la última palabra sobre el caso. Las y los 43 parlamentarios se enfrentan a un texto de más de 90 páginas que documenta los expedientes judiciales que involucran al actual Presidente de la República con hechos de corrupción, engaño e incompetencia para ejercer el cargo, solicitando por ello la destitución inmediata de su cargo.
En lo concreto, la acusación aprobada por mayoría en la Cámara y respaldada por el 64% de la población según la Encuesta Pulso Ciudadano, acusa al Presidente Piñera de “traspasar sus ansias y negocios personales a la función pública”, buscando constantemente el beneficio personal por sobre el beneficio de la población en general. Así como de provocar “un grave daño a la reputación de la institución de la presidencia de la república” al decidir no suscribir Escazú, pese a que nuestro país había impulsado la redacción de este tratado durante más de 6 años junto al Estado de Costa Rica.
Dichas acusaciones tienen sustento en las más de 38.350 palabras que tiene el libelo acusatorio redactado por los equipos de más de 15 parlamentarios de oposición que trabajaron durante meses para recopilar todos los antecedentes del caso.
Palabras que, como si no fueran suficientes por sí mismas, fueron enunciadas de inicio a fin en el hemiciclo del Congreso Nacional por el Diputado Jaime Naranjo, quien pasó más de 14 horas dando cuenta de los expedientes judiciales que involucran al Presidente de la República ante sus colegas de la cámara baja.
"La acusación constitucional, tal informe periodístico, sólo constata los hechos: El Presidente lleva 2 años sin gobernar, ha desprestigiado la figura presidencial y usa el poder para su propio beneficio. Razones contundentes y de peso para solicitar que abandone el cargo". Sebastián Benfeld, Coordinador Nacional de Escazú Ahora Chile.
"Desde Escazú Ahora Chile creemos que su salida implica un acto de reparación con las más de 3.500 víctimas de las violaciones a los DDHH cometidas durante su gobierno, un mensaje claro hacia todos quienes han sido amenazados por alzar su voz por la defensa del medioambiente, y que porque no se ha firmado Escazú, temen por sus vidas. En definitiva, su destitución significaría una señal importante hacia la ciudadanía en su conjunto, de que en Chile la corrupción y el abuso de poder no quedan impunes".