Escazú Ahora expone en el Congreso alarmante alza de agresiones contra personas defensoras ambientales en Chile

La ONG presentó ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados su análisis sobre la situación de las personas defensoras ambientales en Chile durante 2025, alertando sobre un aumento sostenido de la violencia, altos niveles de impunidad y serias barreras de acceso a la justicia.

Las agresiones contra personas defensoras ambientales en Chile aumentaron en un 148,2% respecto del año anterior, alcanzando su nivel más alto desde 2023. Esta fue una de las principales alertas presentadas por ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La exposición marcó un hito relevante, al abrir un espacio para que una organización de la sociedad civil presentara ante la comisión una problemática estructural que afecta a quienes defienden el medio ambiente en Chile.

Durante la sesión, presentó los principales hallazgos de su más reciente investigación sobre la situación de las personas defensoras ambientales en el país, un análisis orientado a contribuir al debate público mediante evidencia que permita comprender quiénes son las personas afectadas, qué tipos de violencia enfrentan y cómo responde el Estado frente a estas agresiones.

Cada caso incorporado en el informe fue documentado y verificado mediante un proceso riguroso de contraste de información, incluyendo contacto directo con las personas afectadas y triangulación de fuentes. Desde la organización subrayaron que, debido a este estricto estándar de verificación, las cifras probablemente representan solo una parte de la violencia realmente existente, pudiendo existir un subregistro significativo.

Violencia en aumento

En concreto, durante 2025 se registraron 72 agresiones contra 67 personas defensoras ambientales, la cifra más alta observada desde 2023.

Las agresiones se concentraron principalmente en la Región Metropolitana y La Araucanía, aunque también se registraron casos en prácticamente todo el país, desde Antofagasta hasta Magallanes.

Entre las formas de violencia más frecuentes se identificaron la difamación (36,1%) y la violencia física (33,3%), lo que evidencia un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y ataques directos contra quienes defienden territorios, ecosistemas y comunidades.

La exposición también abordó una de las dimensiones más preocupantes del fenómeno: la respuesta institucional. Según el análisis, 82,9% de las personas que denunciaron no obtuvo una respuesta suficiente por parte del sistema de justicia, mientras que 31,5% decidió no iniciar acciones legales tras sufrir una agresión.

A pesar de estas barreras, también se observó un aumento en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Las presentaciones ante Fiscalía pasaron de 8,51% en 2024 a 16,4% en 2025, reflejando una mayor búsqueda de respuestas institucionales, aunque con resultados todavía insuficientes.

Debate parlamentario

La presentación generó interés y abrió un debate al interior de la comisión sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y acceso a la justicia para personas defensoras.

Desde Escazú Ahora recalcaron que visibilizar esta realidad no busca reemplazar el rol de las instituciones, sino contribuir con evidencia al diseño de mejores mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia.

Así, Sebastián Benfeld, Diretor Ejecutivo de la organización, subrayó la urgencia de avanzar en medidas concretas de protección para quienes defienden el medio ambiente:

“La violencia nunca es aceptable. Hoy expusimos en la Comisión de Medio Ambiente una realidad tan grave como urgente: en Chile, quienes protegen el medio ambiente enfrentan amenazas, difamaciones y agresiones físicas”.

Benfeld advirtió que esta situación resulta especialmente preocupante en un país que ha ratificado el Acuerdo de Escazú y que, por lo mismo, debería avanzar hacia estándares más robustos de protección y democracia ambiental.

“Proteger a quienes defienden el medio ambiente no debería ser una discusión ideológica, sino un mínimo democrático”.