La organización denuncia que a un año de haber entrado en vigencia el Acuerdo de Escazú en nuestro país, la institución no ha hecho nada para proteger a los defensores ambientales.
Comunicado de prensa
Vestido de funcionario público, echado durmiendo sobre una banca y con un cartel en la cabeza con el enunciado “¡No molestar! Estamos trabajando para usted. Atte. Min. Justicia”, Escazú Ahora realizó hoy una intervención pacífica afuera de una de las instituciones de gobierno responsables de la implementación del Acuerdo de Escazú en nuestro país.
Según la organización ciudadana, a más de un año de que nuestro país haya adherido y publicado en su diario oficial el Acuerdo de Escazú, que versa sobre la protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos en asuntos ambientales, el Ministerio de Justicia no ha hecho absolutamente nada para dar protección a los defensores ambientales.
Lo anterior en base a una investigación desarrollada por la misma organización, que tras realizar una exhaustiva revisión de archivos documentales y recibir respuestas de más de una decena de solicitudes de transparencia, reveló que más allá de los discursos públicos desarrollados por diferentes autoridades de Gobierno, el Ejecutivo no ha hecho nada para proteger a los defensores ambientales.
En este sentido, la agrupación fundada en 2020 como una campaña ciudadana con el objetivo de conseguir la suscripción de Chile del Acuerdo de Escazú, informó en su investigación que en abril de 2023 el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, señaló ante la comunidad internacional que fruto de un trabajo interministerial se había puesto en marcha un “Circuito de Alerta” destinado a prevenir ataques contra defensores ambientales y lo cierto es que no solo ese circuito no existe, sino que el grupo de trabajo destinado a su creación ni siquiera ha definido una hoja de ruta que guíe su trabajo.
Asimismo, desde la organización constataron que si bien en junio de 2022, inmediatamente después de la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso, el Presidente Boric anunció el ingreso de un proyecto de ley que de protección a los defensores de DDHH. Hasta la fecha ningún proyecto presentado por el ejecutivo reúne esas características.
“Es de suma gravedad que a un año de haberse promulgado el Acuerdo de Escazú no se haya tomado ninguna medida para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente. No podemos proteger la naturaleza si no defendemos primero a quienes la defienden. Durante el último año como organización hemos recibido más de cuatro denuncias de casos de amenazas a personas defensoras y durante ese mismo tiempo el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia no hicieron absolutamente nada, no dieron respuestas ni proporcionaron el apoyo requerido a quienes estaban siendo amedrentados en sus comunidades por defender la vida. Hoy el Ejecutivo debe poner el pie en el acelerador, mostrar con hechos concretos que sus discursos son más que promesas vacías y tomar medidas concretas para dar protección a quienes alzan la voz por la naturaleza. Los defensores no podemos seguir esperando”, señaló el coordinador de la campaña defensores de Escazú Ahora, Joaquín Salinas.
La investigación de Escazú Ahora también reveló que en noviembre de 2022 se creó una subcomisión de la Comisión Permanente de Coordinación de Justicia Penal con el objetivo de elaborar un “protocolo de defensa de los defensores de derechos humanos y ambientales” para lo cual en ese entonces se habían fijado la misión de efectuar “un primer levantamiento diagnóstico a través de mesas regionales”. Sin embargo, según consta en el Informe de la ONG, a la fecha dicha comisión sólo ha celebrado cinco reuniones y todavía no ha realizado el levantamiento diagnóstico que se habían propuesto, señalando que “aún se encuentra pendiente”.
Desde Escazú Ahora señalaron que este es el primer informe que levantan sobre el análisis de cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Escazú en el país, centrándose en particular en lo relacionado con la protección de las personas defensoras del medio ambiente, pero que prontamente harán pública otra investigación analizando todo el proceso de implementación del Tratado en el país.