Faltan solo días para que comience la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, una instancia ampliamente esperada en Latinoamérica y el Caribe, pero que también es recibida con muchas dudas, principalmente por la voluntad que los Estados miembros tendrán de incorporar los estándares de Escazú a los propios instrumentos internacionales que genere el Tratado (como el Comité de apoyo al cumplimiento). Chile participará pero solo como observador, es decir: no tendrá derecho a voto.
Por Franco Muñoz y Joaquín Jara
Entre el 20 y el 22 de abril se celebrará en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile la primera Cumbre internacional del Acuerdo de Escazú. Según lo estipulado en el Tratado, estas Conferencias se llevarán a cabo regularmente cada dos años con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del Acuerdo en los distintos países en lo que se ha suscrito y monitorear la evolución de los derechos de acceso en la región.
La primera versión de esta conferencia se desarrollará en nuestro país, el que también lideró junto a Costa Rica las negociaciones de este Acuerdo durante más de seis años, y que, tras su reciente firma por parte del nuevo Gobierno, está cada vez más cerca de formar parte oficial del mismo. Sin embargo, dado que aún no hemos completado al 100% nuestro proceso de adhesión, nuestro país sólo podrá participar como Estado observador, teniendo la posibilidad de participar de las discusiones que se llevarán acabo pero no incidir formalmente en el resultado final de estas.
Los desafíos que se plantean en esta primera versión son diversos, y medirán la voluntad de sus Estados miembros -12 en total, por el momento- de avanzar en materias como la participación, la información y la justicia ambiental en sus respectivos países. Dentro de las materias que se abordarán se encuentran:
La fiscalización de las acciones que han llevado a cabo los Estados Parte para implementar el Tratado en sus respectivos países,
La definición de las reglas para la composición y funcionamiento del Comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú,
El establecimiento de las disposiciones financieras del tratado y
Las reglas de procedimiento de las próximas cumbres.
Además se firmará un convenio de cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Cepal centrada en el Acuerdo de Escazú.
Si todo esto se logra de la forma correcta, entonces cada vez se podrían hacer más efectivos los objetivos de transparencia en la información ambiental, mayor participación ciudadana en la toma de decisiones medioambientales, la protección a defensores ambientales y el acceso a la justicia si cualquiera de estos derechos es vulnerado.
En su último informe, el IPCC fue claro y contundente en el hecho de que la acción climática no puede esperar más, y todos los países deben contribuir en ella, enfrentando las injusticias generadas y teniendo al desarrollo sustentable y sostenible como principal norte. El Acuerdo de Escazú buscará precisamente aquello en la región de Latinoamérica y el Caribe, enmendar un rumbo que solía ir en la dirección equivocada, pero que aún puede ser revertido por las autoridades.