Conversamos con Sebastián Benfeld, Champion de Escazú por la Cepal, activista y líder de la campaña Escazú Ahora Chile sobre lo que le depara al país tras la decisión del gobierno de no firmar el acuerdo, el impacto que genera a los activistas ambientales y qué se puede hacer al respecto.
El Acuerdo de Escazú es el primer pacto más importante de América Latina y el Caribe en temática medioambiental y derechos humanos. Sin embargo, pese haber sido el principal impulsor del acuerdo desde el año 2018, nuestro país rechazó firmarlo, lo que ha generado diversas críticas en la sociedad civil, especialmente de ONG´s del medio ambiente y activistas ambientales.
Conversamos con Sebastián Benfeld, Champion de Escazú por la Cepal, activista y líder de la campaña Escazú Ahora Chile sobre lo que le depara al país tras la decisión del gobierno de no firmar el acuerdo, el impacto que genera a los activistas ambientales y qué se puede hacer al respecto.
“Tenemos que tomar acciones concretas hoy. Mi llamado es a seguir insistiendo y presionando porque nuestra vida y el planeta dependen de ello”.Asegura Sebastián Benfeld, Embajador de Escazú en América Latina.
Ahora que el gobierno rechazó ratificar el Acuerdo de Escazú ¿Qué significa para el país, especialmente para los activistas ambientales?
Es una decisión que ha dolido mucho en el mundo ambiental, porque cuando hablamos del Acuerdo de Escazú, hablamos del acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años. Firmar el Acuerdo de Escazú implicaba comprometerse con tomar medidas concretas hoy para hacerle frente a las injusticias y desigualdades ambientales que se viven en nuestro país hace décadas.
Ha sido un golpe muy duro para los activistas ambientales, pero también para nuestra política exterior. Recordemos que fue Chile quien impulsó el Acuerdo de Escazú el año 2018, por lo tanto, la no firma de este acuerdo es también una baja en la credibilidad que se tiene de nuestro país en el extranjero.
Se ha planteado que la firma de Escazú no es necesaria, pues nuestra legislación ya es lo suficientemente elevada ¿es eso cierto?
En cuanto a los derechos de acceso a la información pública , la participación efectiva en los procesos de toma de decisión en asuntos ambientales y el acceso a la justicia han estado muy al debe. En suma, hoy los activistas ambientales no tienen protección alguna, lo que les genera constante incertidumbre sobre su propia vida, integridad y seguridad. Afirmar eso es desconocer la realidad que se vive en nuestro propio país.
Cancillería y Medio Ambiente presentó un informe que justifica la no firma al acuerdo, donde se planteó la ambigüedad en algunas normas en torno al rol del Estado y que el país se arriesga a posibles demandas internacionales. ¿Es realmente un problema de contenido o va más allá?
Los argumentos que uso el gobierno para rechazar el pacto van más allá. Lamentablemente, las razones planteadas difieren mucho de lo esperado, en un debate tan serio y responsable cuando hablamos de un acuerdo tan importante como este. Chile fue uno de los impulsores del acuerdo, eso implica que lideró las negociaciones y por tanto fue quien le dio la forma. Por lo tanto, los argumentos carecen de un respaldo real que justifique la decisión.
Les cuesta firmar acuerdos de derechos humanos porque implican obligaciones del Estado. Pero más allá de eso, el informe que sacó el Ministerio del Medio Ambiente y Relaciones Exteriores prácticamente es un engaño. Esperamos que se dé un debate más transparente.
A raíz de las diversas críticas en torno a que se están primando los intereses empresariales por sobre los derechos ambientales ¿Es posible avanzar en el país en temática medioambiental sin la firma del Acuerdo de Escazú?
Uno de los argumentos que se plantea en contra del Acuerdo de Escazú es que da incertidumbre en las empresas más contaminantes que tenemos a nivel país. Es preocupante, porque se evidencia que se prefiere dar certeza a dichas empresas, en cambio, mantener en incertidumbre a todas las personas que hoy sufrimos las consecuencias de una sociedad ambiental deficiente.
Chile aún puede adherirse al acuerdo con posterioridad. Pero hoy el proceso de firmas significa un compromiso de Estado con la protección de derechos humanos ambientales de las personas. Esperamos que se recapacite al respecto.
¿La no firma de Chile podría provocar un efecto rebote en otros países?
Cuando un país impulsa un proceso durante mucho tiempo, llama a otros a sumarse y lo hace parte, pero luego se resta, da una señal de desconfianza. Si bien hubo una resistencia inicial luego de que el país afirmó abiertamente la no firma, el acuerdo siguió avanzando, esfuerzo que se refleja en las 23 firmas que corresponde a más de 2/3 de los países restantes de la región.
¿Cómo ves el panorama del plebiscito que se viene en las próximas semanas? ¿Es posible trabajar en una Constitución verde y ecológica?
El Acuerdo de Escazú es consecuencia de la crisis climática, de los asesinatos de activistas ambientales. En esa línea, el proceso constituyente es consecuencia de que la actual Constitución no está dando a vasto en las temáticas y demandas ciudadanas que hoy están en la palestra.
Para nosotros los activistas es muy grave que, por ejemplo, en el artículo 19 número 24 donde habla sobre el derecho a la propiedad del agua, que esta puede ser transable a nivel mercado como quien compra o vende una pelota de fútbol. Estamos hablando de un recurso natural vital para el ser humano.
¿Qué llamado harías a los jóvenes y a la sociedad civil para seguir avanzando en la protección del medio ambiente y derechos humanos?
Es muy importante aprender del presente, todavía queda mucho por aprender del contexto medioambiental. Es el caso actual que pasó con la pandemia, que a muchos líderes del mundo les advirtieron, pero decidieron no escuchar y seguir tal como lo estaban haciendo, lo que desencadenó en una crisis sanitaria grave. Con la crisis climática pasa exactamente lo mismo, en la actualidad hay miles de expertos que están advirtiendo sobre sus problemáticas. Por lo tanto, hay que aprender de nuestros errores de aquí en adelante. Ahí creo que las sociedades civiles o expresión ciudadana juegan un rol fundamental.
Nuestra campaña por el Acuerdo de Escazú, reúne a más de 60 jóvenes del país, al comienzo éramos solo 15. Hoy nos hemos expandido y motivado a más personas. Por ejemplo, son 27 mil las personas que han firmado por la petición del Acuerdo de Escazú y 350 organizaciones nos acompañan.
Hay que generar consenso y darse cuenta que temáticas como este pacto tienen que ser hablados pues afecta a todos. Tenemos que tomar acciones concretas hoy. Mi llamado es a seguir insistiendo y presionando porque nuestra vida y del planeta dependen de ello.