Si bien, las razones son variadas y -de hecho- ya existió un intento previo por acusar constitucionalmente al presidente, para esta oportunidad existen puntos muy específicos y concretos por los cuales Sebastián Piñera deberá dar cuenta ante los parlamentarios en un par de semanas más.
Por Joaquín Jara
Con la notificación oficial al presidente Piñera, ya están corriendo los diez días que tiene para armar y presentar su defensa ante el congreso nacional. Un proceso que dio inicio durante la semana pasada, pero que se veía venir desde la filtración de la relación del actual presidente de la nación con el Proyecto Dominga, en los denominados “Pandora Papers”.
Presentado ya el texto oficial de la acusación, teniendo a las y los integrantes de la comisión revisora del caso y siendo notificado Sebastián Piñera, es cosa de días para que deba presentar su defensa ante los parlamentarios.
Pero, ¿fue solo su relación con el Proyecto Dominga la razón principal de esta acusación constitucional? Podríamos decir que fue el detonante, pero que el documento de 99 páginas que redactaron para realizar esta acusación, contiene más que solo eso.
En concreto, el texto cuenta con dos grandes capítulos, cada uno explicando los argumentos por los cuales el grupo de parlamentarios que participaron de su redacción, desarrollan el porqué se pide la destitución del presidente de la república.
Por un lado, se repasan los distintos negocios con los cuales el Presidente Piñera se ve enfrascado en relaciones poco transparentes, haciendo referencia a su cargo político, por los cuales infringe reglas constitucionales. Asimismo, se detallan en específico los casos de Fideicomisos Ciegos, de los cuales sobresale el negocio relacionado a la Minera Andes Iron, sociedad matriz del Proyecto Dominga. Estos antecedentes llevan a concluir que el presidente estaría vulnerando el principio de probidad referente a su cargo público.
Además, se describe un listado de acciones relacionadas a los distintos negocios de Sebastián Piñera, señalando que “sus comportamientos erráticos y deliberados en los valores éticos, se acentúan al momento de traspasar sus ansias personales a la función pública”, como se lee en el texto oficial.
Por otro lado, se encuentra el capítulo que hace referencia a la negativa del actual gobierno de suscribir el Acuerdo de Escazú, acto del cual se le acusa a Sebastián Piñera de “comprometer gravemente el honor de la nación”, así como también de causar “un grave daño a la reputación de la institución de la presidencia de la república”, como se señala en el título del capítulo.
Este argumento se sustenta en la decisión de último minuto tomada por el gobierno de no firmar el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú), pese a que nuestro país hubiese liderado las negociaciones del tratado durante más de seis años junto a Costa Rica y que el propio presidente Piñera haya llamado a los 33 países de la región a firmar y ratificar el tratado, lo que perjudicó gravemente la credibilidad de Chile ante el resto de naciones.
De hecho, en junio de 2018, durante una de las tantas reuniones mantenidas en este contexto, el propio Sebastián Piñera hizo un llamado a firmar y ratificar el acuerdo, destacando que sería un “acuerdo que da más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente”, y asegurando que desde su gobierno pondrían a disposición el tratado -junto a Costa Rica- para que el resto de países del continente lo firmen y ratifiquen en la asamblea general de las Naciones Unidas que tendría lugar en dos meses más. Asamblea en la que el mismo decidió de forma sorpresiva no firmar el tratado.
Para los parlamentarios que firmaron la acusación, el gobierno de Chile demostró una grave contradicción al elegir no firmar, decisión que se “sustenta en argumentos falaces” como que Escazú haría que nuestro país tuviese que cambiar su legislación ambiental (que aparentemente ya es lo suficientemente robusta), también teniendo en cuenta que “entre 1925 y 2014, Chile ha ratificado 93 tratados/protocolos y enmiendas en materia medioambiental”, pero se decide decirle que no al acuerdo más importante de los últimos años en materia socioambiental de América latina y el caribe.
En el texto también se hace referencia a la relación que existe entre la negativa del gobierno de suscribir el acuerdo con el desarrollo de Dominga y que, como se ha sabido durante las últimas semanas, también tiene relación con los negocios personales del presidente Piñera, señalando que "la adopción por parte de Chile del Acuerdo de Escazú hace inviable la realización del proyecto minero Dominga, y en consecuencia produce que la condición contractual de la que depende el pago de la última cuota del contrato de compraventa de la misma falle. De lo anterior puede desprenderse que existe un evidente conflicto de interés", recalca el texto.
"Estamos hablando de un presidente que cometió actos de corrupción ligados a la destrucción del medioambiente, que se negó a declarar santuario de la naturaleza a uno de los lugares más biodiversos del mundo porque eso implicaba perjudicar sus negocios y que se negó a firmar Escazú porque le tenía miedo a la democracia y la transparencia ambiental. No quepa duda que en cualquier lugar del mundo un presidente así ya hubiese sido destituido de su cargo. En estos momentos es un peligro publico", comentó Sebastián Benfeld de Escazú Ahora Chile.
Este bochornoso incidente, además de poner en jaque la credibilidad del Estado de Chile, no se condice con las necesidades gubernamentales en el contexto de crisis medioambiental a nivel nacional y global, por lo que esta acusación constitucional en específico tiene muchas posibilidades de ser acogida y votada en el parlamento y que espera lo que será la defensa del presidente Sebastián Piñera.