2025 fue el año con más agresiones contra defensores ambientales en Chile desde que existen registros
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Una nueva investigación de la ONG Escazú Ahora evidencia un aumento del 148,2% en la cantidad de personas víctimas de agresión por proteger el medio ambiente en Chile en relación con los registros de 2024. Las mujeres concentraron el 55,2% de los casos.
Este jueves la ONG Escazú Ahora dio a conocer un nuevo informe sobre la situación de las personas defensoras del medio ambiente en Chile. El reporte, que documenta hechos de violencia ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, evidenció un aumento tanto en las personas afectadas como en la cantidad de agresiones registradas.
En concreto, se logró verificar la existencia de 72 agresiones contra 67 personas defensoras durante el año 2025. De ellas, el 55,2% fueron dirigidas hacia mujeres y en un 76,1% a personas entre los 31 y los 60 años. Por primera vez desde que existen registros en 2023, la mayor concentración de casos se ubicó en la Región Metropolitana (29,9%), seguida de La Araucanía (22,4%), Los Ríos (14,9%) y Valparaíso (9%).
Las agresiones físicas representaron un 33,3% del total registrado, manteniendo la tendencia observada el año anterior. Junto con ello, el informe identifica un aumento significativo en la categoría de difamación, que pasó de representar un 4,2% de las agresiones en 2024 al 36,1% en 2025.
En un 31,5% de los casos las personas afectadas no tomaron ninguna acción para iniciar procesos judiciales o administrativos. De quienes sí realizaron denuncias u otras acciones, el 82,9% permanece en trámite, lo que refleja la persistencia de diligencias pendientes por parte de las instituciones responsables de investigar y sancionar.
El informe disponible en escazu.cl sistematiza estos antecedentes a partir de un trabajo de recolección de datos de un año, la validación de cada caso con fuentes independientes —incluyendo registros públicos y causas judiciales— y su incorporación en una base que permite identificar patrones y tendencias. Por lo mismo, la organización reconoce que su informe es solo de carácter muestral, pudiendo existir un número mayor de casos y de personas que han vivido agresiones sin denunciarlas pública o institucionalmente.
En esa línea, el investigador del informe, Joaquín Salinas, destacó la importancia de relevar tanto el rol de las personas defensoras como las condiciones en las que desarrollan su labor:
“Documentar la situación de las personas defensoras implica reconocer su rol fundamental en la protección del medio ambiente y visibilizar los contextos de violencia en los que desarrollan su labor. Esto se proyecta a través de indicadores como las formas de agresión, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y los mecanismos de denuncia utilizados”.
Junto con sistematizar cifras, el informe recoge testimonios y experiencias de quienes han enfrentado agresiones, visibilizando no solo los actos de violencia, sino también las historias, identidades y preocupaciones compartidas por quienes defienden sus territorios en el contexto de la crisis climática actual.
En este escenario, las voces recogidas en el informe advierten sobre una realidad que va más allá de las cifras. Alejandra Parra, una de las defensoras ambientales incluidas, advirtió, en una declaración crítica sobre el escenario nacional, que actualmente existiría un debilitamiento en las condiciones de protección para quienes defienden el medio ambiente:
“En un gobierno que desprotege la naturaleza y protege a los empresarios, la situación de las y los defensores ambientales se hace más frágil y peligrosa. Y dado que la tendencia política en Chile es hacia la regresión ambiental y de derechos humanos, los tratados internacionales ratificados por nuestro país se vuelven una herramienta de defensa”.
El informe “La situación de las personas defensoras ambientales en Chile durante el 2025” pone así en evidencia la urgencia de avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, en un escenario donde la protección de quienes defienden el medio ambiente sigue siendo una deuda pendiente para quienes hacen de la defensa del territorio su principal forma de resistencia.
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