Más de un año en el Senado: la ley que protege a quienes defienden la naturaleza sigue sin avanzar
El proyecto cumple un año en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En ese mismo tiempo, las agresiones contra personas defensoras ambientales alcanzaron su registro más alto.
Sofía Vergara Valdivia
En vísperas del Día Internacional contra el Cambio Climático, hay que recordar que quienes defienden la naturaleza y los territorios están en la primera línea frente a la crisis climática y ambiental. Aun así, la ley que podría protegerlas lleva más de un año esperando en el Senado.
El proyecto de ley de protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos ambientales (Boletín N.º 16.886-12) ingresó al Congreso el 29 de mayo de 2024 y fue despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados al Senado el 8 de octubre de 2025. Desde entonces está en segundo trámite, radicado en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sin completar su discusión.
Mientras tanto, las agresiones aumentan
Según nuestro Informe Anual 2025, se documentaron 72 agresiones contra 67 personas defensoras, el registro más alto desde 2023. Las agresiones aumentaron 53,2 % y las personas afectadas, 148,2 % respecto de 2024.
Además:
55,2 % de las personas afectadas fueron mujeres y 44,8 % pertenece a pueblos o comunidades indígenas.
La difamación fue el 36,1 % de las agresiones y la violencia física, el 33,3 %.
31,5 % de las personas afectadas no inició acciones judiciales ni administrativas, y 82,9 % de las que sí lo hicieron seguía en trámite.
Una deuda con el Acuerdo de Escazú
Chile es parte del Acuerdo de Escazú, cuyo artículo 9 lo obliga a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras y a prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones en su contra. El país cuenta además con el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo 2024-2030, pero las cifras muestran que persisten situaciones de violencia que requieren respuestas efectivas.
El financiamiento también preocupa, ya que la glosa que en 2026 reservaba recursos para implementar el Acuerdo, no aparece en el proyecto de Presupuesto 2027.
"Que una iniciativa aprobada transversalmente en la Cámara, lleve más de un año sin siquiera ser discutida en el Senado demuestra una preocupante falta de acción y voluntad política. No puede ser que alguien que denuncia un vertedero ilegal termine siendo amenazado o agredido por hacer lo correcto, y que el Estado no le dé la protección que necesita", manifestó Sebastián Benfeld, Director Ejecutivo de Escazú Ahora.
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