Al menos entre febrero y agosto del año 2020, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de propiedad de la empresa AES Gener (actualmente Andes S.A.), invirtió $3 millones de pesos mensuales en servicios de ciberinteligencia para espiar a sus detractores.
Una investigación periodística publicada por Interferencia reveló que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que contempla la instalación de dos centrales que amenazan con dejar sin agua a buena parte de Santiago, contrataron servicios de ciberinteligencia para vigilar a los opositores a su proyecto.
Según la información publicada por Interferencia, el servicio de ciberinteligencia OSINT (Informática Forense & Data Mining IA) emitió informes semanales revelando información sensible de activistas y defensores del medioambiente en Cajón del Maipo.
Los informes comenzaron a entregarse tres meses después de que se iniciara el estallido social, en el verano de 2020, cuando una de las consignas que comenzó a tomar cada vez más fuerza fue la de recuperar y garantizar el acceso humano al agua potable, situando en la mira al proyecto Alto Maipo.
Los informes contienen un ítem de "requerimientos" y otro de "hallazgos". En este último se revela información de los principales activistas contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, entregando información personal de personas como Marcela Mella, vocera de la Coordinadora No Alto Maipo; Anthony Prior y María Jesús Martínez, voceros de la Red Metropolitana No Alto Maipo; Francisca Fernández, miembro de Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT); y Maite Birke (independiente), entonces concejala de San José de Maipo.
Dentro de la información que este informe le proporcionó a la empresa AES Gener (actual AES Andes) y al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, se encuentra el RUT de los activistas, sus domicilios, sus número celular, sus ocupaciones y correos electrónicos, asegurando que todas las organizaciones ahí descritas ya se encuentran con "infiltrados" y personas a cargo de su "constante seguimiento".
Al respecto, la Red Metropolitana No Alto Maipo, el Movimiento por las Aguas y los Territorios, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y Maite Brike, ex Concejala Independiente de San José de Maipo, manifestaron su preocupación extrema ante lo sucedido, sobre todo por la permisividad que tiene la empresa para investigar a civiles e infiltrarse en las organizaciones. Dichas agrupaciones emitieron una declaración publica este martes 9 de noviembre expresando su "absoluto rechazo ante la obscena persecución perpetrada por una filial transnacional estadounidense hacia diferentes organizaciones ciudadanas y civiles, entre ellas a dirigentes y dirigentas que a lo largo de los años han trabajado por la protección medioambiental específicamente en el territorio donde se desarrolla el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo". Agregando que "Esta nueva situación transgrede lo permitido por las leyes, traspasando la frontera de lo privado, lo legal y los derechos, por lo que como organizaciones estudiaremos las acciones jurídicas y legales que correspondan. Inevitable es preguntarse ¿qué quería hacer Ricardo Falú y los otros directivos de la empresa con la información requerida?" Desde Escazú Ahora Chile hacemos un llamado al Estado de Chile y, en especial, a los candidatos a la Presidencia de la República a comprometerse con la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú para proteger a las y los defensores del medioambiente.