Presupuesto 2027 deja al Acuerdo de Escazú sin recursos asignados y recorta programas climáticos
El proyecto elimina la glosa que garantizaba fondos para implementar el acuerdo. Aunque la partida del Ministerio del Medio Ambiente crece 2,1%, la Subsecretaría pierde $2 mil millones y los recursos para la meta climática caen 59%.
Gaspar Escobar Vallvé
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027, ingresado por el Ministerio de Hacienda a fines de septiembre, no contempla recursos identificados para implementar el Acuerdo de Escazú. La Ley de Presupuestos 2026 incluía una glosa que reservaba hasta $144,5 millones de la Subsecretaría del Medio Ambiente para ese fin, y que además obligaba a informar trimestralmente al Congreso sobre el destino de esos recursos y las acciones ejecutadas. En el proyecto 2027 esa glosa desaparece y el acuerdo no es mencionado.
“Por primera vez desde la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el programa de implementación queda con cero pesos asignados en la Ley de Presupuesto. Nos parece una señal preocupante y un llamado de atención”, afirmó Sebastián Benfeld, director ejecutivo de Fundación Escazú Ahora.
La eliminación de la glosa no impide necesariamente que la Subsecretaría destine recursos generales a actividades vinculadas al acuerdo. Lo que se pierde es la garantía de un monto mínimo y la obligación de rendir cuentas sobre su uso. Esto ocurre en un momento crítico para quienes defienden el medio ambiente. De acuerdo con el informe 2026 de la Fundación, durante 2025 se documentaron 72 agresiones contra 67 personas defensoras, la cifra más alta desde que se inició el registro en 2023. La cantidad de personas afectadas aumentó 148% respecto de 2024. El artículo 9 del acuerdo obliga al Estado a garantizar un entorno seguro para estas personas, una obligación difícil de cumplir sin recursos asignados.
Una partida que crece, pero con recortes en su interior
La omisión de Escazú se enmarca en una redistribución más amplia del presupuesto ambiental. En su conjunto, el Ministerio del Medio Ambiente recibe un alza nominal de 2,1%, de $96.584 millones a $98.632 millones. Casi todo ese aumento se explica por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyos recursos crecen de $17.393 a $22.304 millones. La Subsecretaría, en cambio, es el único organismo de la cartera que retrocede: pasa de $38 mil a $36 mil millones, y es ahí donde se concentran los recortes.
El caso más llamativo es la asignación “Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional”, que cae de $717 millones a $293 millones, una reducción de 59%. Es la línea con que el ministerio financia el cumplimiento de los compromisos climáticos del país, y forma parte del programa “Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático”, que en total baja de $1.714 a $1.383 millones.
El mayor recorte en montos lo registra el programa “Desarrollo Sostenible”, que pasa de $8.109 a $4.555 millones, un 43% menos. Dentro de él está “Calefacción Sustentable”, que financia el recambio de estufas a leña y que ve reducidos sus recursos en 53%. El Fondo de Protección Ambiental, principal instrumento del ministerio para financiar iniciativas de organizaciones comunitarias, disminuye casi un tercio: de $866 millones a $611 millones. Además, varios ítems que en 2026 tenían asignación propia, como Conservación de Especies y Gestión para la Conservación de Humedales, ya no aparecen individualizados en el proyecto.
Compromisos que esperan
El 8 de octubre, Fundación Escazú Ahora instaló una cama frente al Congreso para denunciar que el proyecto de ley que reconoce y protege a las personas defensoras ambientales cumplía un año “durmiendo” en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sin avances desde su despacho por la Cámara. En esa intervención, Natalia Sanhueza, coordinadora de Medio Ambiente de Fundación Tremendas, planteó que “queremos que la clase política cumpla sus compromisos (…) Si bien es importante que el país crezca, también es importante proteger a la naturaleza y que las personas vivan en un ambiente digno y libre de contaminación. También se ha visto reflejado en el Acuerdo de Escazú, en el cual se han reducido sus recursos de implementación en un cien por ciento”.
La partida del Ministerio del Medio Ambiente será revisada por el Congreso durante la tramitación del presupuesto, una instancia en la que aún es posible reponer la glosa. Para la Fundación, el punto de fondo va más allá de un monto. “Escazú es una política de Estado y su implementación debe continuar independientemente del gobierno de turno. Para eso se necesitan recursos, pero también resultados concretos, transparencia y rendición de cuentas”, sostuvo Benfeld. “Los compromisos que Chile ha asumido no pueden quedar en el papel ni archivarse en un cajón según las prioridades de cada gobierno. Son compromisos que nos hemos dado como país y que tenemos el deber de cumplir”.
