Escazú tras la COP4: avances en justicia ambiental y desafíos para su implementación en Chile

La cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4), realizada entre el 21 y el 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas, reunió a representantes de 19 países de América Latina y el Caribe, junto a organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, para evaluar los avances en la implementación del tratado en la región.

Durante la conferencia, se revisó el avance del plan de acción regional para defensores, así como los mecanismos para fortalecer la participación pública y el acceso a la información ambiental en los países firmantes.

Si bien se destacaron avances en marcos normativos y compromisos institucionales, también se evidenciaron brechas en la implementación efectiva del tratado, especialmente en contextos donde persiste la violencia contra personas defensoras y dificultades para garantizar el acceso oportuno a la justicia ambiental.

En ese contexto, Fundación Escazú Ahora participó de la instancia con la presencia de su coordinador de documentación, Joaquín Salinas, junto a Matías Rojas, defensor ambiental incluido en su informe sobre agresiones a defensores ambientales en Chile durante 2025, siguiendo de cerca el desarrollo de la conferencia.

Desde su experiencia como defensor, Matías valoró el espacio de encuentro, pero enfatizó la importancia de aterrizar los acuerdos en la realidad local: “Fue una experiencia muy enriquecedora, pero lo central es que lo que se discute a nivel internacional tenga impacto real en los territorios."

A partir de su propia trayectoria, advirtió que la defensa ambiental en Chile sigue implicando riesgos concretos: “En mi caso, he denunciado incumplimientos ambientales y eso ha significado enfrentar situaciones de agresión directa. Por eso es clave avanzar en medidas de protección efectivas para quienes defienden el medio ambiente."

Cabe recordar que en abril de 2025, Matías fue víctima de un atentado incendiario que destruyó su vehículo frente a su domicilio. Un hecho ocurrido en circunstancias en que realizaba denuncias sobre la extracción ilegal de áridos en la comuna de Teno. A la fecha el atentado permanece en la impunidad.

Durante la cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4), el acceso a la justicia se consolidó como uno de los ejes centrales, junto con la discusión del plan de acción regional sobre personas defensoras.

En ese escenario, Joaquín Salinas explicó que la conferencia reflejó tanto avances como tensiones en la región: “Es una conferencia que se estaba esperando hace bastante tiempo, había expectativa por saber cómo han estado avanzando los Estados en la implementación del Acuerdo de Escazú. Es una COP que abordó de manera amplia los distintos componentes del acuerdo, con una diversidad de proyectos de decisión en discusión."

Sin embargo, también advirtió que persisten diferencias entre países que limitan el alcance de los acuerdos: “Había propuestas que fueron impulsadas por representantes del público y solicitadas a los Estados, pero no se logró el consenso suficiente. Algunos países las apoyan, otros no, y eso muestra que todavía existen distintas miradas sobre hasta dónde avanzar en la implementación del acuerdo."

Pese a estas tensiones, destacó como uno de los principales elementos de la COP la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones: “Lo más valioso es la participación del público. Es una de las particularidades del Acuerdo de Escazú: el público puede intervenir, opinar y hacer valer lo que ya está contenido en el tratado. Tiene un rol activo dentro de las negociaciones."

A nivel nacional, el análisis apuntó a un escenario más complejo. En el caso de Chile, la discusión se da en medio de cuestionamientos a recientes decisiones del gobierno actual en materia ambiental.

“Había expectativa sobre cuál iba a ser la postura de Chile, sobre todo considerando que hay una nueva administración que anteriormente había dado señales de escepticismo en materias ambientales. Esto se ha visto, por ejemplo, con el retiro de decretos ambientales y otras decisiones que han generado preocupación en la sociedad civil”, sostuvo.

Entre los principales desafíos que dejó la COP4, destaca la necesidad de que los acuerdos alcanzados se traduzcan en acciones concretas a nivel nacional, especialmente en un contexto regional donde la situación de las personas defensoras sigue siendo crítica en Latinoamérica.

“El desafío es que estas decisiones no queden solo en el papel, sino que los Estados, cuando vuelvan a sus países, avancen en políticas públicas de protección, prevención y sanción de agresiones contra personas defensoras”, afirmó.

En esa línea, enfatizó que la implementación efectiva será clave para medir el impacto real del acuerdo: “Donde realmente se ve la efectividad de lo que se discute en la COP es en cada uno de los Estados: en su nivel de implementación y en la voluntad política que exista para avanzar en estos compromisos."