Por primera vez en la historia: se activa el mecanismo de respuesta rápida del Acuerdo de Escazú

Por primera vez desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, su Mecanismo de Respuesta Rápida ha sido activado para exigir a un Estado parte la adopción de medidas concretas de protección al entorno cerno de una personas defensora de derechos humanos en asuntos ambientales.

En un hito para América Latina y el Caribe, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú activó por primera vez en su historia el Mecanismo de Respuesta Rápida ante la situación de riesgo de la familia de una defensora ambiental desaparecida en Chile.

El organismo internacional determinó la existencia de un riesgo razonable para el entorno cercano de la defensora e instó a las autoridades chilenas a adoptar medidas cautelares urgentes. Con esta decisión, el Comité busca garantizar un entorno seguro para quienes defienden el territorio, en estricto cumplimiento de las obligaciones preventivas establecidas en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.

Desde Escazú Ahora, organización que apoyó la presentación de la solicitud junto al International Service for Human Rights (ISHR), valoraron este avance e hicieron un llamado enfático al Estado de Chile a cumplir de manera inmediata con las medidas requeridas por el Comité, así como con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

“Esta decisión no es solo un llamado de atención: es una señal clara de que los Estados pueden y serán exigidos cuando no protegen a quienes defienden el medio ambiente”, señalaron desde la organización.

La activación del mecanismo se da en el contexto del caso de Julia Chuñil, defensora ambiental mapuche desaparecida desde noviembre de 2024, cuya familia ha denunciado hostigamientos, amenazas y falta de protección por parte de las autoridades. El Comité constató la existencia de estos riesgos y ordenó la adopción de medidas cautelares inmediatas para resguardar su seguridad.

Asimismo, el Estado deberá informar en un plazo acotado sobre las acciones implementadas, lo que refuerza el carácter vinculante y operativo del Acuerdo de Escazú.

“El mensaje es claro: la protección de personas defensoras no es opcional. Es una obligación jurídica internacional”, agregaron desde Escazú Ahora.

El Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022, es el primer tratado ambiental del mundo que incorpora disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Desde la organización reiteraron: “No descansaremos hasta que haya verdad, justicia y garantías de no repetición.”